Pobreza y Educación en Nicaragua
¿No es una contradicción que a mayor cantidad de programas contra la pobreza exista mayor indigencia?
Que la pobreza es un factor que determina la deserción y el acceso a la escolarización de los niños es, casi para todos, obvio. Que un niño desnutrido o sin posibilidades de alimentarse tiene menor rendimiento escolar está más que comprobado. Que la educación de un país es la mejor inversión en su futuro está en el manual de todos los discursos de la derecha, del centro y de la izquierda. Que una familia desmembrada y sin recursos condiciona e incide en el desarrollo del niño lo leemos, a diario, en cada informe que realizan las ONG’s sobre los países donde intervienen. La pregunta es, si todo esto está tan claro, ¿cómo es posible que en Nicaragua 861.000 jóvenes no reciban educación alguna? ¿Cómo se explica que de unos 380.000 niños entre los 3 y 6 años, 100.000 entre 7 a 12 años y 381.000 entre 13 y 18 años, no estén escolarizados? ¿O que el 44 por ciento de los niños entre 6 y 9 años no sepan leer ni escribir? ¿O que la explotación laboral y sexual -que afecta a más de 167.000 niños, niñas y adolescentes- sea una alarma permanente y constante dentro de la pobreza estructural de ese país? Ante estos datos, ¿sirven verdaderamente los programas para reducir la pobreza de los “pobres”?[1]
Según la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza[2] (ERCERP), antes de 1990 Nicaragua "no tenía una estrategia integrada para reducir la pobreza" (p.50). Pero a partir de la segunda mitad de la década de los 90, el Gobierno ha seguido un plan integral cada vez más consistente para reducir la pobreza (p.50-51). El informe de la ERCERP concluye; "en los últimos años el Gobierno ha mejorado su capacidad de generar y ejecutar programas y proyectos que se han dirigido a cubrir metas de reducción de pobreza" (p.96.)
Además agrega que, "El país tiene una base estadística, recientemente actualizada, que servirá de punto de partida para supervisar y evaluar los programas de la ERCERP" (p.110.) Se dispone de datos de dos Encuestas de Medición del Nivel de Vida (1993, 1998) (EMNV), el censo de población de 1995, dos encuestas sobre demografía y salud (1993, 1998), además de un estudio cualitativo sobre la pobreza hecho por el Banco Mundial en 1999/2000 (primer estudio mundial de este tipo) (p.33.) Además, el año pasado se completó el primer censo agropecuario de los últimos 27 años (p.33.) Y derivado de estos estudios, se está realizando otro estudio para conocer mejor la vulnerabilidad de los pobres (p.110.) En el ámbito local, Nicaragua cuenta con el Sistema Nacional de Seguimiento de Indicadores de Pobreza (SINASIP) para hacer el análisis de los indicadores intermedios (p.16). y con el Programa de Apoyo a la Implementación de la estrategia de la reducción de la pobreza (PAI), ambos negociados con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID (p.17.) Y si esto no alcanzara, se están negociando varios programas "de nueva generación" de combate a la pobreza en el plan de cooperación con la Unión Europea (p.17.)
Leyendo este informe de la ERCERP se podría pensar, “Nicaragua esta haciendo las cosas bien”. Sin embargo, el 50% de las personas pobres son niños, niñas y adolescentes. Pese a este importantísimo dato, el informe analiza las dimensiones de la pobreza sin evaluar el impacto que produce en el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, haciéndolas más vulnerables.
A pesar de la existencia de tanta documentación y estudio de la pobreza, en el año 2001 más de 600 mil niños y niñas quedaron fuera del sistema escolar, y medio millón de jóvenes no pudieran ingresar a la Educación Superior por falta de acceso. Se calculó que en el 2002 más de 1 millón de nicaragüenses en edad escolar no pudieron participar del sistema educativo.
Sin embargo, cuando uno lee la letra pequeña de estos documentos se da cuenta que no existen tales contradicciones.
¿Quienes elaboran, dirigen, exigen e intervienen en los documentos y programas de reducción de la pobreza?
Bajo la coordinación del Fondo Monetario Internacional, en el marco de las decisiones tomadas por los países del Grupo de los 7 y asumidas por los organismos financieros internacionales, el Gobierno de Nicaragua formuló una Estrategia Reforzada de Reducción de la Pobreza (ERRP), en agosto de 2000. Esta estrategia fue aprobada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en diciembre de 2000, fecha en que Nicaragua alcanzó el punto de decisión de la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (HIPC). Dicha formulación ha sido precedida y seguida de un proceso de amplia consulta pública y discusión, que culminó en la formulación de una versión final– la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza o ERCERP- en julio de 2001.
La elaboración de la ERRP (documento interino de la estrategia) y de la ERCERP (versión final) ha estado a cargo de la Secretaría Técnica de la Presidencia (SETEC), cuyo nombre fue cambiado más tarde por ‘Secretaría de Coordinación y Estrategia de la Presidencia’ (SECEP). Durante el proceso de elaboración y de consulta, el equipo de la SETEC, encargado de la redacción de los documentos interino y final, recibió un fuerte apoyo tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional.
Algún irónico podría pensar que al menos la estrategia de la ERCERP ha servido para desarrollar un modelo más sofisticado y nunca antes construido sobre la pobreza y todas sus dimensiones. Otros más cautos compararán el resultado de los programas que ha llevado adelante el FMI y el Banco Mundial en Argentina, Brasil, México, entre otros, recordando inmediatamente el resultado y los efectos de las crisis económicas conocidos como “el tango”, “la samba” y “el tequilazo” respectivamente. Pero seamos optimistas. ¿Por qué no pensar que estos organismos han cambiado y ahora están por fin interesados en el destino de los pobres y en la construcción de un mundo más justo y equitativo? Al fin y al cabo, ¿no es un cambio significativo y comprometido el de consultar a los implicados sobre cuál es el proceso a seguir para combatir a la pobreza?
Prestemos atención a los entrevistados implicados en el proceso de consulta pública, tanto durante la elaboración del documento interino de la estrategia como durante el proceso de consulta que lo siguió. Los consultados fueron: varias organizaciones de la sociedad civil, como las organizaciones no gubernamentales; los gremios; sindicatos y organizaciones de campesinos; la Universidad; los partidos políticos y los municipios. Los entrevistados, tanto multilaterales como bilaterales, han jugado también un papel activo en la consulta. ¿Y los campesinos pobres y los grupos étnicos minoritarios, principales implicados y afectados?
Ante tal “descuido”, la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción (CCER)[3] advirtió sobre la falta de estos sectores. Consiguientemente, la opinión de la CCER sobre el proceso de consulta fue que, a pesar del acceso de los diversos participantes a la información necesaria y a las diversas reuniones que tuvieron lugar durante el proceso de elaboración del documento interino de la estrategia - inclusive para discusión de borradores- el documento transitorio casi no ha tenido en cuenta las aportaciones de la sociedad civil. Pero además, la CCER critica que el documento interino de la estrategia haya sido redactado en inglés y enviado casi en secreto a Washington para ser aprobado por el FMI y el Banco Mundial. Sólo fue traducido al español tres meses después (la primera copia de la ERRP vista por la CCER ha sido una copia en inglés, obtenida del FMI en Washington).
Poco a poco se descubre que en realidad no existen contradicciones, sino que el documento responde a la política del FMI y el BM: “en nombre de los pobres, pero sin contar con ellos”. Cuando el documento interino de la estrategia fue publicado, representantes de la sociedad civil y de la cooperación opinaron que era necesario ampliar el proceso de consulta hacia las regiones, lo que también decía el propio documento interino. En particular, se alegaba que se debía invitar a los pobres para incrementar el sentido de apropiación de la estrategia. Algo que sonaba bastante lógico. Tan lógico y convincente que el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estaban dispuestos a financiar la consulta, pero querían a cambio que la Secretaría Técnica de la Presidencia (SETEC) la organizara y que el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES) la apoyara.
En julio de 2000, la SETEC y el CONPES llegaron a un acuerdo sobre el diseño del proceso y la forma cómo los resultados serían usados en la versión completa de la ERCERP. Sin embargo, no fue hasta febrero de 2001 que la SETEC nombró a un coordinador para la organización de las reuniones. Y eso, a pesar de que, según el esquema previsto, los resultados de la consulta alargada debían haber estado listos en marzo. Entre febrero y agosto de 2001 se llevaron a cabo las mencionadas consultas en ocho departamentos, a través de reuniones y grupos focales. Según los participantes, dicha consulta ha sido importante, pero limitada en sus efectos, porque el gobierno estableció el mes de mayo como fecha límite para la incorporación de comentarios. El argumento era que quería concluir el documento final de la ERCERP en julio. Por esta razón, los resultados de las reuniones conducidas entre mayo y agosto tuvieron muy poca incidencia en el documento final.
Otros actores de la sociedad civil, incluyendo algunos que forman o han formado parte del CONPES, confirman lo dicho por la CCER: la consulta se hizo, pero no incorporó en los documentos de la estrategia las perspectivas divergentes, ni en el interino ni en el final. Varios de ellos expresaron que el Gobierno elaboró la ERP, porque era una de las condiciones para acceder a la condonación de la deuda externa, asociada con la iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC), más que por una toma de conciencia de un problema que era necesario resolver. Además, señalaron que la consulta pública se hizo porque era parte de los requisitos necesarios para validar el documento elaborado, pero sin mucha apertura o intención de incorporar las críticas y sugerencias generadas en el proceso.
En una reunión entre el gobierno, la sociedad civil y la cooperación internacional, un representante del Gobierno reconoció que mucho de lo que había sido sugerido en las consultas no se había tomado en cuenta en el documento final de la estrategia, en parte debido a la urgencia por terminar el documento. Afirmó también que la ERCERP debía considerarse un ‘documento vivo’, que se iría revisando y actualizando en el proceso de implementación, con el auxilio de una comisión tripartida que incluiría representantes del Gobierno, de la sociedad civil y de los encuestados. Sin embargo, esa comisión tripartida nunca llegó a constituirse. Los representantes de la sociedad civil destacan que en el informe sobre el progreso de la ERCERP (noviembre de 2002), el Gobierno no propone un sólo cambio significativo en la estrategia.
Finalmente, también se realizaron sesiones de consulta con la participación de ciudadanos en situación de extrema pobreza, en zonas urbanas y rurales. La forma como se presentaron estas consultas (o ‘grupos focales’) en el documento de la ERCERP muestra que los grupos focales con pobres aparecían ‘como complemento al proceso de consulta’. En segundo lugar, su principal objetivo declarado era ‘permitir un mayor entendimiento de parte del gobierno sobre las reacciones de los pobres a la ERRP’ (GN, 2001: 138–139). Tanto una como otra de estas dos expresiones tienden a desvalorizar la consulta a los pobres con respecto a las otras consultas mencionadas. Se les consultó como complemento del proceso principal, no tanto para recoger sus críticas y sugerencias como para reparar y entender sus reacciones. Por esta razón, los críticos a este proceso consideran a los pobres como los grandes ausentes de la consulta pública sobre la ERP de Nicaragua.
Derecho a la Educación
Mientras los programas y estrategias contra la reducción de la pobreza se discuten con los organismos internacionales de financiación, toda Nicaragua observa con impotencia el crecimiento del hambre, las enfermedades y la desalfabetización. Al mismo tiempo, continúan los sucesivos "ajustes" recetados por el FMI y el Banco Mundial, con un sistema sostenido por la lógica de mercado que acabó con las conquistas populares sandinistas.
Hoy es leyenda la Cruzada Nacional de Alfabetización sandinista[4] que en cinco meses, a partir de agosto de 1979, redujo el analfabetismo somocista del 53% al 12%. Hoy, como en los tiempos de Somoza, casi el 50 % de los niños en edad escolar no acude a la escuela y dos de cada tres de los que asisten a clases no concluirán el ciclo secundario.
También quedaron atrapados en viejos informes los logros conseguidos en la salud pública para todos, basados en la participación ciudadana y en las grandes campañas de vacunación preventiva que eliminó, por ejemplo, la poliomielitis. Otra vez se impone la lógica del mercado: salud para los ricos y enfermedad para los pobres.
La identidad nacional que le imprimiera Sandino a Nicaragua se terminó. El alineamiento a la política de EEUU - con soldados nicaragüenses apoyando la coalición en Irak y con la apuesta ciega de Managua en un Tratado de Libre Comercio (TLC) que, bajo el imperio absoluto del dólar está llamado a duplicar la dependencia – son un claro reflejo de lo que ocurre en ese país.
El modelo que impulsa el FMI y el BM empujó a 1.300.000 personas (25% de la población total) a la miseria total[5]. No saben leer ni escribir; no tienen acceso a los servicios de salud, educación y agua potable; padecen malnutrición severa, desnutrición crónica, que es la más grave y preocupante porque afecta según la edad del niño y su tamaño. En 1993 Nicaragua tenía un índice del 23.7 por ciento y en 1998, un 24.9. A esto se le suma una media de tasa de mortalidad inferior a los 45 años.
¿Puede revertirse esta situación en Nicaragua? No, a juzgar por las políticas que está implementando el gobierno. La educación no es un tema prioritario en la agenda gubernamental. La inversión que destinó el gobierno para la educación de los nicaragüenses fue escasa y con recorte de presupuesto. Lo demuestra la “autonomía escolar” -una forma de privatización de la educación-, que sigue siendo la alternativa que el Estado ofrece a los maestros para alcanzar un salario más digno del que reciben actualmente. Esta “contribución voluntaria” que pagan las familias para que sus hijos tengan educación contraviene el mandato de la Constitución Política que establece la educación primaria gratuita.
En la enseñanza, la oficialización del Plan Nacional de Educación 2001-2015 insiste en el acceso de toda la población infantil a una formación primaria gratuita, obligatoria y de buena calidad, que oriente a priorizar a los grupos étnicos y a quienes viven en situaciones difíciles.
El Plan propone superar las exclusiones y las desigualdades con la propuesta “Educación para todos y éxito de todos en la educación”. Plantea la creación de programas que atiendan a grupos urbanos marginados o de alto riesgo, a grupos rurales de menores ingresos y a grupos de la Costa Caribe, así como una atención prioritaria a la población analfabeta. Asimismo, propone integrar en la educación de adultos algunos programas de habilitación laboral que les permitan elevar sus niveles de vida y su inserción en la producción.
El Plan establece como estrategia la creación de mecanismos permanentes de consulta y de retroalimentación entre los distintos sectores, para articular las diversas modalidades educativas y los distintos niveles y subsistemas con las demandas y necesidades de la sociedad.
Pero lo que no contempla este Plan son los costos de los objetivos propuestos y del desarrollo de las estrategias planteadas. Por otra parte, la reducción del presupuesto para la educación contradice el Plan Nacional de Educación, que propugna una “educación para todos” con verdadera calidad, formando a las personas de manera integral y en todas sus dimensiones.
Sistema educativo
Datos oficiales indican que el 83% de las niñas y niños que entraron a la educación primaria no tuvieron la oportunidad de cursar preescolar. El 45% de quienes ingresaron a primer grado no logrará llegar al segundo. Más de 130 mil niños y niñas abandonan anualmente la escuela, y solamente el 25% de quienes inician la primaria logran concluirla. La tasa de analfabetismo es del 32% y alcanza en las zonas rurales hasta el 52%[6].
La razón fundamental de la falta de asistencia a la escuela y de la posterior deserción escolar es la pobreza familiar y las escuelas distantes. Pero principalmente es el abandono del Estado, que no dota a las escuelas del equipo adecuado -pizarras, textos, ambiente limpio y agradable y programas de estudio atractivos- y que no garantiza al personal docente un salario que los motive suficientemente.
La Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia realizó una investigación en el año 2001, comparando la matrícula de 1990 con la del año 2000. El resultado fue que el número de niños, niñas y adolescentes en edad escolar que quedaron fuera del sistema educativo había aumentado. Se constató un retroceso y evidenció el incumplimiento del Estado de Nicaragua con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña y con los compromisos suscritos en Jomtien, Thailandia, y en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, ambos eventos celebrados en 1990.
Situación del magisterio
Los maestros desempeñan un papel fundamental para garantizar la calidad de la educación, existiendo un estrecho vínculo entre los logros de los educandos y los conocimientos y el estilo de los docentes. La actitud del maestro y la maestra ante el proceso de instrucción se ve influenciada por las condiciones económicas y sociales. Cuando se combinan los bajos salarios con condiciones de trabajo deficientes y falta de reconocimiento y de estímulos puede desaparecer la motivación para continuar ejerciendo la labor magisterial.
La inequidad en los salarios de los funcionarios públicos es en Nicaragua ostentosa. Mientras los altos funcionarios del Estado ganan entre 15 y 20 mil dólares mensuales, los salarios de los maestros no alcanzan ni para cubrir el 50% del costo de la cesta básica de 52 productos[7]. Para poder completar un ingreso que garantice esa cesta básica, los maestros nicaragüenses trabajan hasta tres turnos en aulas con más de 60 alumnos, careciendo de tiempo para el descanso y para la preparación de sus clases.
En 2001, la organización magisterial ANDEN[8] propuso al gobierno un reajuste del 200%, para tratar de equiparar los salarios de los maestros de Nicaragua con los que reciben los maestros de Honduras y de El Salvador (300 dólares mensuales). Sin embargo, sólo lograron que la Asamblea Nacional les aprobara un bono mensual de 13 dólares sin deducciones. A pesar de ello, el Ministerio de Educación Cultura y Deportes se ha negado a pagar este bono, queriéndolo entregar en doce meses y rebajándolo a 7 dólares.
Autonomía escolar o privatización de la educación
La autonomía escolar, que en otros países de la región representa un avance, en Nicaragua significa el traslado de la responsabilidad que tiene el Estado – la de garantizar educación gratuita a los nicaragüenses tal como lo establece el artículo 121 de la Constitución de la República - a los padres de familia.
Aunque el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) ha dado orientaciones a delegados y directores de centros de educación pública, indicando que “la matrícula es estrictamente gratuita para todas las modalidades que atiende”, en muchos centros escolares está comprobado que se efectúa un cobro disfrazado de “contribución voluntaria”.
Las cantidades varían. Para familias que tienen buenos salarios, se trata de cifras irrisorias, pero para la mayoría de la población -el 70% en el desempleo o con ingresos limitados- representan sumas cuantiosas, especialmente si son familias con varios hijos e hijas en edad escolar.
Los directores de los centros públicos justifican los cobros en necesidades reales y en una cláusula de los Centros Autónomos que establece que: “El Consejo Directivo podrá mediante acuerdo solicitar un aporte extraordinario por alumno, para el beneficio de la calidad de la educación y para aquellos insumos que el gobierno de la República no provea vía presupuesto, por ejemplo pupitres o pintura para el centro, sin perjudicar la parte económica del padre”. En realidad, las aportaciones del MECD a los centros no alcanzan ni para pagar a los maestros su exiguo salario.
Son muchas las señales que indican que la “autonomía escolar” impuesta por el modelo económico neoliberal en Nicaragua ha desvirtuado la labor docente. Los maestros se preocupan más por mantener los cobros “voluntarios” para redondear sus ingresos y para mantener abierto a toda costa su centro de trabajo que por la calidad de la formación de los futuros ciudadanos y ciudadanas.
Explotación sexual y tráfico de menores
Pero no sólo la atención es insuficiente en la educación. Tampoco se le ha dado la debida atención a problemáticas tales como la del trabajo infantil, la explotación, el tráfico sexual de niñas y niños y la violencia contra la niñez y la adolescencia. El tráfico de menores con fines de explotación sexual se incrementó en forma alarmante en los últimos años en Centroamérica y en Nicaragua, concretamente. Estadísticas oficiales muestran que en Nicaragua desaparecen tres niños cada día, sin que se sepa motivo o destino alguno.
Según datos proporcionados por el CEPAD y ACNUR en Nicaragua, durante una conferencia sobre mujeres refugiadas celebrada en Managua en el 2001, se registraron unas 45 niñas y adolescentes de 10-18 años -originarias mayormente de Granada, Chinandega y Managua– desaparecidas tras ser engañadas o secuestradas y llevadas a centros de prostitución en Guatemala.
La Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia informó ese mismo año que, según datos oficiales de la Policía Nacional, hubo desde 1998 al 2001 un registro de 400 niños y niñas perdidos en Nicaragua y sin ningún dato sobre su paradero. Investigaciones de ONGs que trabajan en el área centroamericana revelaron la participación de algunos funcionarios gubernamentales y civiles que propiciaban ese delito. La pornografía infantil es otra actividad que se ha incrementado en Nicaragua, en particular en las ciudades donde el flujo de turistas es mayor: Granada, León, Chinandega y Corinto. Pese a la gravedad de este creciente problema, no se ha observado una política gubernamental responsable y sistemática para afrontarlo.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH denunció que las instancias que tienen responsabilidad directa no actúan con contundencia, investigando y promoviendo acciones de prevención. Y señaló además que la Dirección General de Migración y Extranjería no ejerce un estricto control de la salida de adolescentes en los diferentes puestos fronterizos, en particular hacia Honduras, El Salvador y Guatemala. El CENIDH recibe constantes denuncias de jóvenes que se han trasladado o han sido trasladados a países de centro y Norteamérica. Pero cuando las da a conocer a la Dirección de Protección a Nacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores MINREX, no se responde de forma eficaz y oportuna.
Violencia contra la niñez y la adolescencia
La Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional reportó en el año 2001 un total de 7.182 niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, cifra que constituye el 10% del global. Estos datos también reflejan que el número de niñas y adolescentes mujeres -que son víctimas de lesiones y violaciones- supera en un 29% al de niños y adolescentes varones que las padecen. Del total de delitos registrados, 2.976 fueron en perjuicio de niños y adolescentes varones y 4.206 en perjuicio de niñas y adolescentes mujeres.
De las 1.072 denuncias de lesiones registradas en perjuicio de niñas y adolescentes mujeres, 134 corresponden a niñas de entre 0-13 años y 938 a las que tienen 13-17 años. En el caso de las denuncias por violación, de las 637 reportadas, 168 fueron en contra de las más pequeñas y 469 en contra de las de más años.
Niñez y drogas
Según la Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional, entre enero y octubre del año 2001, se registró la detención de 88 adolescentes entre 15-17 años por delito de narcotráfico. El 94% eran varones. Las cifras reflejan, en alguna medida, la frecuencia con que niños, niñas y adolescentes participan en el tráfico de drogas y también en su consumo.
Trabajo infantil
Los planes y programas que se han puesto en marcha en Nicaragua para erradicar el trabajo infantil no han dado los resultados esperados, pues el problema de niños y niñas trabajando en las calles tiene sus raíces en el inequitativo modelo económico, político y social que prevalece en el país. El modelo neoliberal ha empobrecido a cada vez más familias, que sólo logran sobrevivir poniendo a trabajar a niñas y niños.
En 1993, el Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos (INEC) calculó que 37 mil niños y niñas trabajaban tanto en las calles de Managua y de otras ciudades como en otros sectores económicos. Según el documento oficial para la Estrategia de Reducción de la Pobreza de 2001, se calcula que en el trabajo infantil participan 200 mil menores de edad, lo que significa un incremento de más del 400% en sólo ocho años.
Un estudio presentado por la Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia reveló que trabajaban 302.880 niños y niñas de entre 6-18 años. De esa población infantil, sólo 71 mil asistían también a centros de enseñanza. Más de 300 mil niños y niñas menores de 14 años eran explotados en “trabajos” como la prostitución y la delincuencia, o trabajaban en labores de riesgo: minas, pesca en alta mar y camaroneras.
Según un diagnóstico de la niñez trabajadora, el 32% de estos niños y niñas no sabe leer ni escribir y un 25,5% lo hace con dificultad. El 43% no asiste a ningún centro escolar. Se conoce que unos 3.050 de estos niños y niñas son atendidos por el Ministerio de la Familia o el Ministerio de Educación y que los servicios de apoyo que prestan las ONG’s continúan siendo mínimos.
La Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo infantil y Protección del Adolescente Trabajador presentó el Plan estratégico de erradicación del trabajo infantil. El mismo contempla estrategias de prevención, protección y promoción sobre la base de lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia y define acciones concretas de participación de las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil en áreas prioritarias de educación, salud y familia.
Fuentes:
- Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Asdi;
- Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh;
- Informe de Desarrollo Humano 2002, PNUD; UNICEF.
[1] Consultable en: http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/nicaragua.html
[2] Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción De La Pobreza, Gobierno de Nicaragua, Julio, 2001. La ERCERP es la versión revisada (después de ser ampliamente consultada y consensuada) de la estrategia de reducción de pobreza (PRSP-I) presentada en Agosto de 2000 al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM), a fin de considerar la inclusión de Nicaragua dentro de la iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC por sus siglas en inglés.) Consultable en: www.iadb.org/int/DRP/esp/Red3/documentos/Nicaragua_%20Esp.pdf
[3] La CCER es el organismo de coordinación, concertación y articulación de la acción de ONGs, creado a fines de 1998 para articular esfuerzos y afrontar tareas de emergencia y reconstrucción en áreas afectadas por el huracán Mitch.
[4] Por más información consultar: http://es.wikipedia.org/wiki/Cruzada_Nacional_de_Alfabetizaci%C3%B3n
[5] Consultable en: http://www.caritaspanama.org/incidencia/realidad_lc/esperanza_sigue_abajo.htm
[6] Por más información consultar: http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/nicaragua_24060.html
[7] Por más información consultar: http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/sector/papers/docente/docen7.htm
[8] Por más información sobre ANDEN consultar: www.ilo.org/public/english/dialogue/actrav/publ/orgsindca/nicaragua.pdf
Que la pobreza es un factor que determina la deserción y el acceso a la escolarización de los niños es, casi para todos, obvio. Que un niño desnutrido o sin posibilidades de alimentarse tiene menor rendimiento escolar está más que comprobado. Que la educación de un país es la mejor inversión en su futuro está en el manual de todos los discursos de la derecha, del centro y de la izquierda. Que una familia desmembrada y sin recursos condiciona e incide en el desarrollo del niño lo leemos, a diario, en cada informe que realizan las ONG’s sobre los países donde intervienen. La pregunta es, si todo esto está tan claro, ¿cómo es posible que en Nicaragua 861.000 jóvenes no reciban educación alguna? ¿Cómo se explica que de unos 380.000 niños entre los 3 y 6 años, 100.000 entre 7 a 12 años y 381.000 entre 13 y 18 años, no estén escolarizados? ¿O que el 44 por ciento de los niños entre 6 y 9 años no sepan leer ni escribir? ¿O que la explotación laboral y sexual -que afecta a más de 167.000 niños, niñas y adolescentes- sea una alarma permanente y constante dentro de la pobreza estructural de ese país? Ante estos datos, ¿sirven verdaderamente los programas para reducir la pobreza de los “pobres”?[1]
Según la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza[2] (ERCERP), antes de 1990 Nicaragua "no tenía una estrategia integrada para reducir la pobreza" (p.50). Pero a partir de la segunda mitad de la década de los 90, el Gobierno ha seguido un plan integral cada vez más consistente para reducir la pobreza (p.50-51). El informe de la ERCERP concluye; "en los últimos años el Gobierno ha mejorado su capacidad de generar y ejecutar programas y proyectos que se han dirigido a cubrir metas de reducción de pobreza" (p.96.)
Además agrega que, "El país tiene una base estadística, recientemente actualizada, que servirá de punto de partida para supervisar y evaluar los programas de la ERCERP" (p.110.) Se dispone de datos de dos Encuestas de Medición del Nivel de Vida (1993, 1998) (EMNV), el censo de población de 1995, dos encuestas sobre demografía y salud (1993, 1998), además de un estudio cualitativo sobre la pobreza hecho por el Banco Mundial en 1999/2000 (primer estudio mundial de este tipo) (p.33.) Además, el año pasado se completó el primer censo agropecuario de los últimos 27 años (p.33.) Y derivado de estos estudios, se está realizando otro estudio para conocer mejor la vulnerabilidad de los pobres (p.110.) En el ámbito local, Nicaragua cuenta con el Sistema Nacional de Seguimiento de Indicadores de Pobreza (SINASIP) para hacer el análisis de los indicadores intermedios (p.16). y con el Programa de Apoyo a la Implementación de la estrategia de la reducción de la pobreza (PAI), ambos negociados con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID (p.17.) Y si esto no alcanzara, se están negociando varios programas "de nueva generación" de combate a la pobreza en el plan de cooperación con la Unión Europea (p.17.)
Leyendo este informe de la ERCERP se podría pensar, “Nicaragua esta haciendo las cosas bien”. Sin embargo, el 50% de las personas pobres son niños, niñas y adolescentes. Pese a este importantísimo dato, el informe analiza las dimensiones de la pobreza sin evaluar el impacto que produce en el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, haciéndolas más vulnerables.
A pesar de la existencia de tanta documentación y estudio de la pobreza, en el año 2001 más de 600 mil niños y niñas quedaron fuera del sistema escolar, y medio millón de jóvenes no pudieran ingresar a la Educación Superior por falta de acceso. Se calculó que en el 2002 más de 1 millón de nicaragüenses en edad escolar no pudieron participar del sistema educativo.
Sin embargo, cuando uno lee la letra pequeña de estos documentos se da cuenta que no existen tales contradicciones.
¿Quienes elaboran, dirigen, exigen e intervienen en los documentos y programas de reducción de la pobreza?
Bajo la coordinación del Fondo Monetario Internacional, en el marco de las decisiones tomadas por los países del Grupo de los 7 y asumidas por los organismos financieros internacionales, el Gobierno de Nicaragua formuló una Estrategia Reforzada de Reducción de la Pobreza (ERRP), en agosto de 2000. Esta estrategia fue aprobada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en diciembre de 2000, fecha en que Nicaragua alcanzó el punto de decisión de la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (HIPC). Dicha formulación ha sido precedida y seguida de un proceso de amplia consulta pública y discusión, que culminó en la formulación de una versión final– la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza o ERCERP- en julio de 2001.
La elaboración de la ERRP (documento interino de la estrategia) y de la ERCERP (versión final) ha estado a cargo de la Secretaría Técnica de la Presidencia (SETEC), cuyo nombre fue cambiado más tarde por ‘Secretaría de Coordinación y Estrategia de la Presidencia’ (SECEP). Durante el proceso de elaboración y de consulta, el equipo de la SETEC, encargado de la redacción de los documentos interino y final, recibió un fuerte apoyo tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional.
Algún irónico podría pensar que al menos la estrategia de la ERCERP ha servido para desarrollar un modelo más sofisticado y nunca antes construido sobre la pobreza y todas sus dimensiones. Otros más cautos compararán el resultado de los programas que ha llevado adelante el FMI y el Banco Mundial en Argentina, Brasil, México, entre otros, recordando inmediatamente el resultado y los efectos de las crisis económicas conocidos como “el tango”, “la samba” y “el tequilazo” respectivamente. Pero seamos optimistas. ¿Por qué no pensar que estos organismos han cambiado y ahora están por fin interesados en el destino de los pobres y en la construcción de un mundo más justo y equitativo? Al fin y al cabo, ¿no es un cambio significativo y comprometido el de consultar a los implicados sobre cuál es el proceso a seguir para combatir a la pobreza?
Prestemos atención a los entrevistados implicados en el proceso de consulta pública, tanto durante la elaboración del documento interino de la estrategia como durante el proceso de consulta que lo siguió. Los consultados fueron: varias organizaciones de la sociedad civil, como las organizaciones no gubernamentales; los gremios; sindicatos y organizaciones de campesinos; la Universidad; los partidos políticos y los municipios. Los entrevistados, tanto multilaterales como bilaterales, han jugado también un papel activo en la consulta. ¿Y los campesinos pobres y los grupos étnicos minoritarios, principales implicados y afectados?
Ante tal “descuido”, la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción (CCER)[3] advirtió sobre la falta de estos sectores. Consiguientemente, la opinión de la CCER sobre el proceso de consulta fue que, a pesar del acceso de los diversos participantes a la información necesaria y a las diversas reuniones que tuvieron lugar durante el proceso de elaboración del documento interino de la estrategia - inclusive para discusión de borradores- el documento transitorio casi no ha tenido en cuenta las aportaciones de la sociedad civil. Pero además, la CCER critica que el documento interino de la estrategia haya sido redactado en inglés y enviado casi en secreto a Washington para ser aprobado por el FMI y el Banco Mundial. Sólo fue traducido al español tres meses después (la primera copia de la ERRP vista por la CCER ha sido una copia en inglés, obtenida del FMI en Washington).
Poco a poco se descubre que en realidad no existen contradicciones, sino que el documento responde a la política del FMI y el BM: “en nombre de los pobres, pero sin contar con ellos”. Cuando el documento interino de la estrategia fue publicado, representantes de la sociedad civil y de la cooperación opinaron que era necesario ampliar el proceso de consulta hacia las regiones, lo que también decía el propio documento interino. En particular, se alegaba que se debía invitar a los pobres para incrementar el sentido de apropiación de la estrategia. Algo que sonaba bastante lógico. Tan lógico y convincente que el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estaban dispuestos a financiar la consulta, pero querían a cambio que la Secretaría Técnica de la Presidencia (SETEC) la organizara y que el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES) la apoyara.
En julio de 2000, la SETEC y el CONPES llegaron a un acuerdo sobre el diseño del proceso y la forma cómo los resultados serían usados en la versión completa de la ERCERP. Sin embargo, no fue hasta febrero de 2001 que la SETEC nombró a un coordinador para la organización de las reuniones. Y eso, a pesar de que, según el esquema previsto, los resultados de la consulta alargada debían haber estado listos en marzo. Entre febrero y agosto de 2001 se llevaron a cabo las mencionadas consultas en ocho departamentos, a través de reuniones y grupos focales. Según los participantes, dicha consulta ha sido importante, pero limitada en sus efectos, porque el gobierno estableció el mes de mayo como fecha límite para la incorporación de comentarios. El argumento era que quería concluir el documento final de la ERCERP en julio. Por esta razón, los resultados de las reuniones conducidas entre mayo y agosto tuvieron muy poca incidencia en el documento final.
Otros actores de la sociedad civil, incluyendo algunos que forman o han formado parte del CONPES, confirman lo dicho por la CCER: la consulta se hizo, pero no incorporó en los documentos de la estrategia las perspectivas divergentes, ni en el interino ni en el final. Varios de ellos expresaron que el Gobierno elaboró la ERP, porque era una de las condiciones para acceder a la condonación de la deuda externa, asociada con la iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC), más que por una toma de conciencia de un problema que era necesario resolver. Además, señalaron que la consulta pública se hizo porque era parte de los requisitos necesarios para validar el documento elaborado, pero sin mucha apertura o intención de incorporar las críticas y sugerencias generadas en el proceso.
En una reunión entre el gobierno, la sociedad civil y la cooperación internacional, un representante del Gobierno reconoció que mucho de lo que había sido sugerido en las consultas no se había tomado en cuenta en el documento final de la estrategia, en parte debido a la urgencia por terminar el documento. Afirmó también que la ERCERP debía considerarse un ‘documento vivo’, que se iría revisando y actualizando en el proceso de implementación, con el auxilio de una comisión tripartida que incluiría representantes del Gobierno, de la sociedad civil y de los encuestados. Sin embargo, esa comisión tripartida nunca llegó a constituirse. Los representantes de la sociedad civil destacan que en el informe sobre el progreso de la ERCERP (noviembre de 2002), el Gobierno no propone un sólo cambio significativo en la estrategia.
Finalmente, también se realizaron sesiones de consulta con la participación de ciudadanos en situación de extrema pobreza, en zonas urbanas y rurales. La forma como se presentaron estas consultas (o ‘grupos focales’) en el documento de la ERCERP muestra que los grupos focales con pobres aparecían ‘como complemento al proceso de consulta’. En segundo lugar, su principal objetivo declarado era ‘permitir un mayor entendimiento de parte del gobierno sobre las reacciones de los pobres a la ERRP’ (GN, 2001: 138–139). Tanto una como otra de estas dos expresiones tienden a desvalorizar la consulta a los pobres con respecto a las otras consultas mencionadas. Se les consultó como complemento del proceso principal, no tanto para recoger sus críticas y sugerencias como para reparar y entender sus reacciones. Por esta razón, los críticos a este proceso consideran a los pobres como los grandes ausentes de la consulta pública sobre la ERP de Nicaragua.
Derecho a la Educación
Mientras los programas y estrategias contra la reducción de la pobreza se discuten con los organismos internacionales de financiación, toda Nicaragua observa con impotencia el crecimiento del hambre, las enfermedades y la desalfabetización. Al mismo tiempo, continúan los sucesivos "ajustes" recetados por el FMI y el Banco Mundial, con un sistema sostenido por la lógica de mercado que acabó con las conquistas populares sandinistas.
Hoy es leyenda la Cruzada Nacional de Alfabetización sandinista[4] que en cinco meses, a partir de agosto de 1979, redujo el analfabetismo somocista del 53% al 12%. Hoy, como en los tiempos de Somoza, casi el 50 % de los niños en edad escolar no acude a la escuela y dos de cada tres de los que asisten a clases no concluirán el ciclo secundario.
También quedaron atrapados en viejos informes los logros conseguidos en la salud pública para todos, basados en la participación ciudadana y en las grandes campañas de vacunación preventiva que eliminó, por ejemplo, la poliomielitis. Otra vez se impone la lógica del mercado: salud para los ricos y enfermedad para los pobres.
La identidad nacional que le imprimiera Sandino a Nicaragua se terminó. El alineamiento a la política de EEUU - con soldados nicaragüenses apoyando la coalición en Irak y con la apuesta ciega de Managua en un Tratado de Libre Comercio (TLC) que, bajo el imperio absoluto del dólar está llamado a duplicar la dependencia – son un claro reflejo de lo que ocurre en ese país.
El modelo que impulsa el FMI y el BM empujó a 1.300.000 personas (25% de la población total) a la miseria total[5]. No saben leer ni escribir; no tienen acceso a los servicios de salud, educación y agua potable; padecen malnutrición severa, desnutrición crónica, que es la más grave y preocupante porque afecta según la edad del niño y su tamaño. En 1993 Nicaragua tenía un índice del 23.7 por ciento y en 1998, un 24.9. A esto se le suma una media de tasa de mortalidad inferior a los 45 años.
¿Puede revertirse esta situación en Nicaragua? No, a juzgar por las políticas que está implementando el gobierno. La educación no es un tema prioritario en la agenda gubernamental. La inversión que destinó el gobierno para la educación de los nicaragüenses fue escasa y con recorte de presupuesto. Lo demuestra la “autonomía escolar” -una forma de privatización de la educación-, que sigue siendo la alternativa que el Estado ofrece a los maestros para alcanzar un salario más digno del que reciben actualmente. Esta “contribución voluntaria” que pagan las familias para que sus hijos tengan educación contraviene el mandato de la Constitución Política que establece la educación primaria gratuita.
En la enseñanza, la oficialización del Plan Nacional de Educación 2001-2015 insiste en el acceso de toda la población infantil a una formación primaria gratuita, obligatoria y de buena calidad, que oriente a priorizar a los grupos étnicos y a quienes viven en situaciones difíciles.
El Plan propone superar las exclusiones y las desigualdades con la propuesta “Educación para todos y éxito de todos en la educación”. Plantea la creación de programas que atiendan a grupos urbanos marginados o de alto riesgo, a grupos rurales de menores ingresos y a grupos de la Costa Caribe, así como una atención prioritaria a la población analfabeta. Asimismo, propone integrar en la educación de adultos algunos programas de habilitación laboral que les permitan elevar sus niveles de vida y su inserción en la producción.
El Plan establece como estrategia la creación de mecanismos permanentes de consulta y de retroalimentación entre los distintos sectores, para articular las diversas modalidades educativas y los distintos niveles y subsistemas con las demandas y necesidades de la sociedad.
Pero lo que no contempla este Plan son los costos de los objetivos propuestos y del desarrollo de las estrategias planteadas. Por otra parte, la reducción del presupuesto para la educación contradice el Plan Nacional de Educación, que propugna una “educación para todos” con verdadera calidad, formando a las personas de manera integral y en todas sus dimensiones.
Sistema educativo
Datos oficiales indican que el 83% de las niñas y niños que entraron a la educación primaria no tuvieron la oportunidad de cursar preescolar. El 45% de quienes ingresaron a primer grado no logrará llegar al segundo. Más de 130 mil niños y niñas abandonan anualmente la escuela, y solamente el 25% de quienes inician la primaria logran concluirla. La tasa de analfabetismo es del 32% y alcanza en las zonas rurales hasta el 52%[6].
La razón fundamental de la falta de asistencia a la escuela y de la posterior deserción escolar es la pobreza familiar y las escuelas distantes. Pero principalmente es el abandono del Estado, que no dota a las escuelas del equipo adecuado -pizarras, textos, ambiente limpio y agradable y programas de estudio atractivos- y que no garantiza al personal docente un salario que los motive suficientemente.
La Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia realizó una investigación en el año 2001, comparando la matrícula de 1990 con la del año 2000. El resultado fue que el número de niños, niñas y adolescentes en edad escolar que quedaron fuera del sistema educativo había aumentado. Se constató un retroceso y evidenció el incumplimiento del Estado de Nicaragua con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña y con los compromisos suscritos en Jomtien, Thailandia, y en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, ambos eventos celebrados en 1990.
Situación del magisterio
Los maestros desempeñan un papel fundamental para garantizar la calidad de la educación, existiendo un estrecho vínculo entre los logros de los educandos y los conocimientos y el estilo de los docentes. La actitud del maestro y la maestra ante el proceso de instrucción se ve influenciada por las condiciones económicas y sociales. Cuando se combinan los bajos salarios con condiciones de trabajo deficientes y falta de reconocimiento y de estímulos puede desaparecer la motivación para continuar ejerciendo la labor magisterial.
La inequidad en los salarios de los funcionarios públicos es en Nicaragua ostentosa. Mientras los altos funcionarios del Estado ganan entre 15 y 20 mil dólares mensuales, los salarios de los maestros no alcanzan ni para cubrir el 50% del costo de la cesta básica de 52 productos[7]. Para poder completar un ingreso que garantice esa cesta básica, los maestros nicaragüenses trabajan hasta tres turnos en aulas con más de 60 alumnos, careciendo de tiempo para el descanso y para la preparación de sus clases.
En 2001, la organización magisterial ANDEN[8] propuso al gobierno un reajuste del 200%, para tratar de equiparar los salarios de los maestros de Nicaragua con los que reciben los maestros de Honduras y de El Salvador (300 dólares mensuales). Sin embargo, sólo lograron que la Asamblea Nacional les aprobara un bono mensual de 13 dólares sin deducciones. A pesar de ello, el Ministerio de Educación Cultura y Deportes se ha negado a pagar este bono, queriéndolo entregar en doce meses y rebajándolo a 7 dólares.
Autonomía escolar o privatización de la educación
La autonomía escolar, que en otros países de la región representa un avance, en Nicaragua significa el traslado de la responsabilidad que tiene el Estado – la de garantizar educación gratuita a los nicaragüenses tal como lo establece el artículo 121 de la Constitución de la República - a los padres de familia.
Aunque el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) ha dado orientaciones a delegados y directores de centros de educación pública, indicando que “la matrícula es estrictamente gratuita para todas las modalidades que atiende”, en muchos centros escolares está comprobado que se efectúa un cobro disfrazado de “contribución voluntaria”.
Las cantidades varían. Para familias que tienen buenos salarios, se trata de cifras irrisorias, pero para la mayoría de la población -el 70% en el desempleo o con ingresos limitados- representan sumas cuantiosas, especialmente si son familias con varios hijos e hijas en edad escolar.
Los directores de los centros públicos justifican los cobros en necesidades reales y en una cláusula de los Centros Autónomos que establece que: “El Consejo Directivo podrá mediante acuerdo solicitar un aporte extraordinario por alumno, para el beneficio de la calidad de la educación y para aquellos insumos que el gobierno de la República no provea vía presupuesto, por ejemplo pupitres o pintura para el centro, sin perjudicar la parte económica del padre”. En realidad, las aportaciones del MECD a los centros no alcanzan ni para pagar a los maestros su exiguo salario.
Son muchas las señales que indican que la “autonomía escolar” impuesta por el modelo económico neoliberal en Nicaragua ha desvirtuado la labor docente. Los maestros se preocupan más por mantener los cobros “voluntarios” para redondear sus ingresos y para mantener abierto a toda costa su centro de trabajo que por la calidad de la formación de los futuros ciudadanos y ciudadanas.
Explotación sexual y tráfico de menores
Pero no sólo la atención es insuficiente en la educación. Tampoco se le ha dado la debida atención a problemáticas tales como la del trabajo infantil, la explotación, el tráfico sexual de niñas y niños y la violencia contra la niñez y la adolescencia. El tráfico de menores con fines de explotación sexual se incrementó en forma alarmante en los últimos años en Centroamérica y en Nicaragua, concretamente. Estadísticas oficiales muestran que en Nicaragua desaparecen tres niños cada día, sin que se sepa motivo o destino alguno.
Según datos proporcionados por el CEPAD y ACNUR en Nicaragua, durante una conferencia sobre mujeres refugiadas celebrada en Managua en el 2001, se registraron unas 45 niñas y adolescentes de 10-18 años -originarias mayormente de Granada, Chinandega y Managua– desaparecidas tras ser engañadas o secuestradas y llevadas a centros de prostitución en Guatemala.
La Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia informó ese mismo año que, según datos oficiales de la Policía Nacional, hubo desde 1998 al 2001 un registro de 400 niños y niñas perdidos en Nicaragua y sin ningún dato sobre su paradero. Investigaciones de ONGs que trabajan en el área centroamericana revelaron la participación de algunos funcionarios gubernamentales y civiles que propiciaban ese delito. La pornografía infantil es otra actividad que se ha incrementado en Nicaragua, en particular en las ciudades donde el flujo de turistas es mayor: Granada, León, Chinandega y Corinto. Pese a la gravedad de este creciente problema, no se ha observado una política gubernamental responsable y sistemática para afrontarlo.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH denunció que las instancias que tienen responsabilidad directa no actúan con contundencia, investigando y promoviendo acciones de prevención. Y señaló además que la Dirección General de Migración y Extranjería no ejerce un estricto control de la salida de adolescentes en los diferentes puestos fronterizos, en particular hacia Honduras, El Salvador y Guatemala. El CENIDH recibe constantes denuncias de jóvenes que se han trasladado o han sido trasladados a países de centro y Norteamérica. Pero cuando las da a conocer a la Dirección de Protección a Nacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores MINREX, no se responde de forma eficaz y oportuna.
Violencia contra la niñez y la adolescencia
La Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional reportó en el año 2001 un total de 7.182 niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, cifra que constituye el 10% del global. Estos datos también reflejan que el número de niñas y adolescentes mujeres -que son víctimas de lesiones y violaciones- supera en un 29% al de niños y adolescentes varones que las padecen. Del total de delitos registrados, 2.976 fueron en perjuicio de niños y adolescentes varones y 4.206 en perjuicio de niñas y adolescentes mujeres.
De las 1.072 denuncias de lesiones registradas en perjuicio de niñas y adolescentes mujeres, 134 corresponden a niñas de entre 0-13 años y 938 a las que tienen 13-17 años. En el caso de las denuncias por violación, de las 637 reportadas, 168 fueron en contra de las más pequeñas y 469 en contra de las de más años.
Niñez y drogas
Según la Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional, entre enero y octubre del año 2001, se registró la detención de 88 adolescentes entre 15-17 años por delito de narcotráfico. El 94% eran varones. Las cifras reflejan, en alguna medida, la frecuencia con que niños, niñas y adolescentes participan en el tráfico de drogas y también en su consumo.
Trabajo infantil
Los planes y programas que se han puesto en marcha en Nicaragua para erradicar el trabajo infantil no han dado los resultados esperados, pues el problema de niños y niñas trabajando en las calles tiene sus raíces en el inequitativo modelo económico, político y social que prevalece en el país. El modelo neoliberal ha empobrecido a cada vez más familias, que sólo logran sobrevivir poniendo a trabajar a niñas y niños.
En 1993, el Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos (INEC) calculó que 37 mil niños y niñas trabajaban tanto en las calles de Managua y de otras ciudades como en otros sectores económicos. Según el documento oficial para la Estrategia de Reducción de la Pobreza de 2001, se calcula que en el trabajo infantil participan 200 mil menores de edad, lo que significa un incremento de más del 400% en sólo ocho años.
Un estudio presentado por la Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia reveló que trabajaban 302.880 niños y niñas de entre 6-18 años. De esa población infantil, sólo 71 mil asistían también a centros de enseñanza. Más de 300 mil niños y niñas menores de 14 años eran explotados en “trabajos” como la prostitución y la delincuencia, o trabajaban en labores de riesgo: minas, pesca en alta mar y camaroneras.
Según un diagnóstico de la niñez trabajadora, el 32% de estos niños y niñas no sabe leer ni escribir y un 25,5% lo hace con dificultad. El 43% no asiste a ningún centro escolar. Se conoce que unos 3.050 de estos niños y niñas son atendidos por el Ministerio de la Familia o el Ministerio de Educación y que los servicios de apoyo que prestan las ONG’s continúan siendo mínimos.
La Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo infantil y Protección del Adolescente Trabajador presentó el Plan estratégico de erradicación del trabajo infantil. El mismo contempla estrategias de prevención, protección y promoción sobre la base de lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia y define acciones concretas de participación de las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil en áreas prioritarias de educación, salud y familia.
Fuentes:
- Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Asdi;
- Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh;
- Informe de Desarrollo Humano 2002, PNUD; UNICEF.
[1] Consultable en: http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/nicaragua.html
[2] Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción De La Pobreza, Gobierno de Nicaragua, Julio, 2001. La ERCERP es la versión revisada (después de ser ampliamente consultada y consensuada) de la estrategia de reducción de pobreza (PRSP-I) presentada en Agosto de 2000 al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM), a fin de considerar la inclusión de Nicaragua dentro de la iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC por sus siglas en inglés.) Consultable en: www.iadb.org/int/DRP/esp/Red3/documentos/Nicaragua_%20Esp.pdf
[3] La CCER es el organismo de coordinación, concertación y articulación de la acción de ONGs, creado a fines de 1998 para articular esfuerzos y afrontar tareas de emergencia y reconstrucción en áreas afectadas por el huracán Mitch.
[4] Por más información consultar: http://es.wikipedia.org/wiki/Cruzada_Nacional_de_Alfabetizaci%C3%B3n
[5] Consultable en: http://www.caritaspanama.org/incidencia/realidad_lc/esperanza_sigue_abajo.htm
[6] Por más información consultar: http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/nicaragua_24060.html
[7] Por más información consultar: http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/sector/papers/docente/docen7.htm
[8] Por más información sobre ANDEN consultar: www.ilo.org/public/english/dialogue/actrav/publ/orgsindca/nicaragua.pdf
publicado por Fundación Comparte at 11:18
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